SOSPECHOSOS “ROBOS” Y “EXTRAVÍOS” DE INFORMACIÓN CONTABLE DEL FUJIMORISMO

Nacional-4191pgLIMA: Sacudida fiscal. Keiko cuestionó el allanamiento de los locales de su partido diciendo que el fiscal Pérez había recibido de su organización toda la documentación contable de las campañas del 2011 y 2016. Veamos por qué no es tan cierta su indignación.

“Me preguntaba, ¿un allanamiento en busca de los libros contables? No puede ser, porque hace meses se le entregó al fiscal copias legalizadas de los libros contables. Es más, hace dos meses le pidieron al secretario general, José Chlimper, que llevara los originales. Y esos libros se quedaron en la oficina del fiscal”, argumentó Keiko Fujimori en un intento por desacreditar al titular de la Fiscalía de Lavado de Activos.

La ex candidata presidencial hablaba muy convincentemente, pero lo cierto es que el fiscal José Domingo Pérez contaba con suficiente evidencia para sospechar que la información que había recibido del partido fujimorista no era completamente veraz. ¿El motivo? Los ex secretarios generales fujimoristas durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016, Jaime Yoshiyama Tanaka y Joaquín Ramírez Gamarra, coincidentemente, habían denunciado la sustracción o pérdida de información relacionada con las finanzas de la organización naranja.

Ladrones en su casa

El 4 de junio de 2011, poco antes de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, Yoshiyama denunció a la División de Investigación de Robos que ladrones habían ingresado en su vivienda de la urbanización Camacho y se habían llevado, entre otros objetos, una computadora, una laptop y dos CPU. El entonces secretario general fujimorista refirió que en las memorias guardaba información sobre los aportes y los gastos de la campaña presidencial.

Lo extraño del caso es que Yoshiyama no insistió en su denuncia y la policía no pudo continuar con las investigaciones.

Keiko Fujimori afirmó que su partido había cumplido rigurosamente en presentar los reportes de gastos y aportes a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la campaña que manejó Yoshiyama en 2011, pero el fiscal José Domingo Pérez, al sustentar el pedido de allanamiento ante el juez Richard Concepción Carhuancho, por el contrario, encontró clamorosas deficiencias.

Fantasmas naranjas

“Se establece que el partido político Fuerza Popular (Fuerza 2011) ante la ONPE ha señalado los nombres de los aportantes, pero estos no se encuentran registrados con esos nombres en su Libro de Aportes de Ingresos presentado o exhibido, asegurado e incautado por el Ministerio Público, lo que puede evidenciar que se habría ocultado la identidad de posibles aportes de la empresa Odebrecht”, señaló el fiscal Pérez.

Pocos meses después de que la procuradora de lavado Julia Príncipe denunciara al secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por un presunto desbalance patrimonial de US$ 7 millones, y la fiscalía consecuentemente inició investigación contra el dirigente naranja, este reportó que los libros contables de diez de sus empresas se “extraviaron” en un supuesto accidente de tránsito, según parte policial del 12 de diciembre de 2014.

No podía ser más coincidente que la información que Ramírez reportó como perdida correspondía a compañías sobre las que Príncipe señaló que habían percibido llamativos incrementos patrimoniales que no calzaban con los signos exteriores de riqueza de uno de los principales financistas de Fujimori en 2016.

De hecho, la información que Ramírez reportó como supuestamente extraviada pertenecía, entre otras, a la compañía Lima Ingeniería y Construcción, que mientras se encontraba bajo investigación cedió a la campaña de Keiko Fujimori una propiedad en la calle Bucaré, en Camacho, la cual se convirtió en búnker de la candidata de Fuerza Popular.

Pero lo que más llamó la atención en este caso es que la fiscal encargada de la investigación, Sara Vidal Vargas, archivó el caso sin esperar los resultados del peritaje contable a las propiedades de Ramírez. Sin embargo, la fiscal superior Luz Peralta Santur dispuso que se reabriera el caso y se cumpla con dicho peritaje. Si todo es correcto, Keiko Fujimori no debería temer a la actuación del fiscal Pérez que solo cumple con su trabajo con la ley en la mano. (La República/Doris Aguirre)

 

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